Los niños y niñas que viven en centros de reclusión padecen con frecuencia violaciones graves de sus derechos elementales. Los procedimientos de arresto, detención y condena son a menudo arbitrarios y en ocasiones incluso son ilegales, pues dimanan de procedimientos extrajudiciales practicados por sistemas policiales o militares en los que no existe ningún tipo de garantía jurídica. En ocasiones, estos niños y niñas no alcanzan la edad de responsabilidad penal y son recluidos junto con presos adultos que les someten a abusos sexuales.

Las condiciones en las que estos niños y niñas han de subsistir son con frecuencia deplorables e inhumanas: carecen de calefacción; la alimentación es inadecuada; no hay camas suficientes; las mantas están repletas de piojos; las instalaciones sanitarias son deficientes y no hacen ejercicio. Algunos son sometidos a confinamiento solitario durante largos períodos de tiempo. El maltrato físico es habitual: fracturas de huesos, de manos, tímpanos reventados, hematomas y colapso profundo, a menudo inducido por las torturas que les son infligidas durante los interrogatorios.

A menudo estos niños y niñas padecen abusos sexuales. Con frecuencia, los padres y madres se ven privados del derecho de visita y no se les informa del paradero de sus hijos. La reclusión de los niños y niñas es una circunstancia muy traumática y que causa graves trastornos a las familias.

• En todo el mundo existen más de un millón de niños y niñas que han sido privados de libertad por agentes de la ley.
• La mayoría de los niños y niñas que viven en estado de privación de libertad se hallan detenidos o a la espera de ser juzgados. Seis años después del genocidio de Ruanda, había 4.454 niños y niñas en prisión a la espera de ser juzgados. Más de 450 de estos niños y niñas habían sido absueltos de cualquier tipo de participación en el genocidio (a 30 de junio de 2003, tan sólo 196 de estos niños y niñas habían sido puestos en libertad).
• La mayor parte de los niños y niñas que padecen reclusión no han cometido delitos graves. Un número importante de ellos ni siquiera ha cometido un delito. Se ven privados de libertad por la comisión de actos considerados de “peligrosidad pública”, como el vagabundeo, la mendicidad, el consumo de tabaco y alcohol o el abandono de la escuela. En otros casos, los niños y niñas son detenidos porque acompañaban a su progenitor en el momento de la detención de éstos o por solicitar asilo en otro país. Algunos niños y niñas son detenidos por razón de su raza, nacionalidad, religión, etnia o su ideología política.

Cada vez es mayor la convicción de que privar de libertad a los niños y niñas que tienen conflictos con la ley es con frecuencia innecesario e incluso contraproducente. De hecho, una cantidad importante de profesionales que trabajan con niños y niñas en centros de detención afirman sin ningún género de duda que muchos de ellos, si no todos, no deberían estar recluidos.