Cada año, miles de niños no acompañados solicitan asilo en los países industrializados, aunque a pocos se les otorga el estatuto de refugiado.

Muchos pasan a la clandestinidad. ¿Quién es el responsable?

“El puerto atrae a los ilegales que van al oeste.» «Detenidos 29 ilegales de camino a Gran Bretaña. » «Ciudadanos de Sri Lanka engañados rechazan el estatuto de refugiado.» Muchos periódicos occidentales de hoy en día muestran titulares parecidos, advirtiendo sobre el aumento en la inmigración clandestina o sobre los «falsos» refugiados. Pero, entre tanto alarmista —y la corriente negativa de opinión pública que invariablemente generan —, se esconde el hecho de que muchos de estos huéspedes sin invitación son niños, a veces solos y a menudo huidos de guerras y persecuciones.

Pocos obtienen algo parecido a la atención oficial y periodística que rodeó al telegénico niño cubano Elián Gonzalez, después de que su madre se ahogase intentando escapar de la isla y unos familiares anticastristas intentaran retenerlo en Estados Unidos el año pasado.

Casi nadie pestañeó, por ejemplo, cuando se encontró a 16 niños no acompañados afganos tiritando entre un grupo de adultos que intentaban infiltrarse por la frontera oriental de Austria poco después de las Navidades de 2000. O cuando un grupo de niños somalíes aterrizaron en el aeropuerto de Zurich y pidieron asilo. El caso de un niño de la calle nicaragüense de 16 años, al que recientemente se le ha concedido asilo en Arizona después de andar miles de kilómetros solo hasta Estados Unidos, pasó en gran parte inadvertido.

El Servicio de Inmigración y Naturalización de EE.UU. no es capaz de decir cuántos niños no acompañados, como el vagabundo nicaragüense, solicitan asilo cada año; no hacen esa clase de estadísticas. Otros gobiernos occidentales se encuentran en una situación parecida. Reconocen que existe un «problema» en torno a los niños solicitantes de asilo, pero con frecuencia no pueden determinar su magnitud.

Incluso cuando se dispone de información, ésta no es necesariamente fiable, ya que suele ser difícil saber la edad de un niño, y un niño o una niña que parece «acompañado» cuando llega puede, de hecho, estar con adultos que ni desean ni pueden hacerse cargo de los jóvenes (por esta razón, el ACNUR y muchas otras agencias prefieren usar el término «niños separados»).

Con todo, está claro que un gran número de estos niños solicitan asilo en los países industrializados y que los gobiernos apenas dan abasto. Dudan entre las medidas de control severas, incluyendo encerrar a los niños en la cárcel, pasarlos por rayos x para calcular su edad o embarcarlos de vuelta a un tercer país «seguro», y los esfuerzos serios por cuidar de los jóvenes según el espíritu del Artículo 22 de la Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño, que exige a los firmantes ofrecer una protección y ayuda adecuadas a los niños, tanto si están solos como con sus familias.

Durante 1999, el año más reciente sobre el que se dispone de algunas cifras, más de 20.000 niños separados solicitaron asilo en Europa Occidental, Norteamérica o Australia. Es sólo una pequeñísima fracción de los que fueron desalojados de sus hogares a nivel mundial por la violencia y las persecuciones. Los expertos calculan que la mitad de los refugiados y desplazados del mundo son niños, y que a lo largo de la pasada década más de dos millones murieron en distintos conflictos.

Mientras que sobre el papel los derechos de los niños son casi universalmente reconocidos (sólo dos países no ratificaron la Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño), aún padecen numerosas formas de persecución, como la mano de obra infantil, la violación, la mutilación genital femenina, el alistamiento forzoso en el ejército, o se ven forzados a ser testigos de la tortura o ejecución de sus padres o hermanos mayores.

No es sorprendente, por tanto, que los padres intenten enviar a sus hijos a un lugar seguro, o que los niños intenten escapar por su cuenta. En fechas tan tempranas como 1938 y 1939, 10.000 niños judíos alemanes y austríacos se libraron del holocausto mediante el legendario kindertransporte: sus padres les subían a bordo de trenes y barcos hacia Inglaterra.

Actualmente es un hecho bastante aceptado que los niños pueden ser refugiados por derecho propio. En 1996, la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá emitió unas Directrices sobre Niños Refugiados Solicitantes, las primeras que publica un país con sistema de identificación de refugiados. Dos años después, el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos publicó sus propias Directrices para Solicitudes Infantiles de Asilo. Ambas reconocen que los niños pueden experimentar las persecuciones de manera distinta a los adultos, y que los procedimientos para decidir el estatuto deben poseer una sensibilidad especial hacia los niños.

Los destinos más favorables para los niños separados que solicitan asilo se encuentran en Europa Occidental, especialmente en los Países Bajos, los países nórdicos y Suiza. Una iniciativa reciente del ACNUR y la organización Save the Children ha dado como resultado el Programa de Niños Separados en Europa, una red de agencias no gubernamentales que trabaja con niños de 28 países. Una de las mayores preocupaciones de esta red es que, aunque algunos de estos niños son realmente refugiados, otros son víctimas de los traficantes, que los traen a los lucrativos mercados europeos para trabajar como prostitutas o mano de obra barata.

Casi ningún país dispone de un sistema establecido para resolver este problema. Los agentes canadienses reconocen abiertamente que nunca le prestaron mucha atención hasta el verano de 1999, cuando cerca de 130 niños chinos llegaron, sin sus padres, en cuatro barcos hasta la costa oeste del país. A pesar de que el ACNUR publicó unas directrices sobre los principios y los procedimientos para tratar a los niños no acompañados solicitantes de asilo en 1997, algunas de sus recomendaciones más básicas siguen sin tenerse en cuenta.

Estas directrices señalan las cuestiones que deben abordar los gobiernos y las agencias de asistencia infantil. La más básica es la definición de un niño «separado » como alguien menor de 18 años, fuera de su país de origen y sin padres u otros protectores legales o habituales que lo cuiden o protejan. Aunque parece algo muy concreto, estos niños suelen llegar con documentación falsa o sin ningún tipo de papeles. Muchos no quieren o no pueden decir su edad.

Las autoridades, poco dispuestas a que las «engañen» para dar un trato especial a adultos que se hacen pasar por niños, suelen dedicarse a demostrar —mediante rayos x, exámenes dentales u otras técnicas— que los solicitantes son mayores de edad. Pero estos cálculos, incluso si son seguros para la salud, no agresivos y culturalmente apropiados, sólo son aproximados en el mejor de los casos, pudiendo haber niños a los que se niegan las medidas especiales a las que tienen derecho si son incorrectamente identificados como adultos.

En Suiza, donde 1.775 solicitantes de asilo en 1999 aseguraban ser menores de 18 años, la Comisión de Apelación de Asilo optó recientemente por dejar de hacer rayos x de los huesos para determinar la edad, después de que los expertos advirtiesen que el margen de error puede ser muy grande.

Aunque el ACNUR pide a los gobiernos que no encarcelen a los niños solicitantes de asilo, muchos lo hacen. Pocos admiten que se practica como una medida disuasoria; algunos sostienen que es por la propia seguridad del niño, para protegerlo de los abusos de los traficantes.

En 1999, el Servicio de Inmigración y Naturalización de EE.UU. declaró que había detenido a 4.600 niños no acompañados, muchos de los cuales solicitaban asilo. En Austria, donde durante muchos años los niños eran detenidos por rutina, el Ministro del Interior emitió unas instrucciones en octubre del 2000 para mejorar las condiciones de detención, permitiendo a los menores recibir al menos ayuda legal.

Mientras que sobre
el papel los derechos
de los niños son casi
universalmente
reconocidos,
aún padecen muchas
formas de persecución.

Trabajo Infantil

Se calcula que existen aproximadamente 246 millones de niños y niñas que trabajan. De ellos, casi tres cuartas partes -171 millones- lo hacen en situaciones o condiciones de peligro, como por ejemplo, en minas o manipulando productos químicos y pesticidas en tareas agrícolas o manejando maquinaria peligrosa. Están en todas partes, pero no se les ve: trabajan en el servicio doméstico en casas particulares, como obreros tras los muros de las fábricas u ocultos a la vista en las plantaciones.

Millones de niñas trabajan en el servicio doméstico y en la asistencia doméstica no remunerada, expuestas al riesgo de padecer explotación y malos tratos. Muchas otras trabajan en condiciones terribles: pueden ser víctimas del tráfico de menores (1,2 millones), forzadas a trabajar en condiciones de servidumbre u otras formas de esclavitud (5,7 millones), obligadas a ejercer la prostitución o a trabajar en pornografía (1,8 millones), u obligadas a participar en conflictos armados (0,3 millones) u otras actividades ilícitas (0,6 millones). No obstante, la inmensa mayoría de los niños y niñas que trabajan -el 70% o más- se dedican a la agricultura.

Las estimaciones por regiones arrojan los siguientes datos:

• Las regiones de Asia y el Pacífico poseen la cifra más elevada de niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años que trabajan: 127,3 millones en total (el 19% de los niños y niñas de dichas regiones trabajan).
• En África subsahariana se estima que existen 48 millones de niños y niñas que trabajan. Casi uno de cada tres (el 29%) menores de 15 años trabaja.
• En Latinoamérica y el Caribe hay aproximadamente 17,4 millones de niños y niñas que trabajan (el 16% de los niños y niñas de la región).
• El 15% de los niños y niñas de Oriente Medio y África septentrional trabajan.
• En los países con economías industrializadas y de transición existen aproximadamente 2,5 millones de niños y niñas que trabajan.

Comunidad Valenciana anuncia la apertura de un centro de primera acogida para menores inmigrantes de 20 plazas

La consellera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Alicia de Miguel, anunció hoy la apertura en Valencia de un nuevo centro de Primera Acogida de Menores especializado en atención a menores inmigrantes con 20 plazas y que entrará en funcionamiento a finales de este año para dar así respuesta al fenómeno migratorio de los menores extranjeros no acompañados.

Además, recordó que el Centro de acogida de menores ‘La Foia de Bunyol’, que cuenta con 25 plazas, se ha convertido en un centro de menores extranjeros desde febrero de este año.

Asimismo, para tratar a los menores con problemas conductuales, De Miguel aseguró que la conselleria de Bienestar Social tiene previsto abrir un nuevo centro en Valencia y otro en Alicante, ambos con 15 plazas cada uno, y que se sumarán a los ya existentes en Vinaròs y en Elx.

De Miguel, en su visita al Centro de Primera Acogida ‘Valencia’, reiteró la importancia que supone para el Gobierno Valenciano una atención adecuada a los menores y por ello señaló que “ha incrementado considerablemente los recursos para la protección de menores, tanto en acogimiento familiar como en atención residencial”.

Así, indicó que si en 1996 la Comunidad Valenciana disponía de 76 centros y 1.539 plazas de menores y en la actualidad existen 2.034 plazas en 141 centros públicos o concertados, lo que supone un incremento de plazas de más del 30 por ciento respecto a 1996.

El Centro de Primera Acogida ‘Valencia’ cuenta con 48 plazas destinadas a la atención inmediata y transitoria de menores de acogida en el momento de producirse la necesidad por razones de desamparo o desprotección, con el objeto de proceder al estudio de la situación personal, social y familiar del menor y su entorno. En principio, la estancia en dicho centro no supera los 45 días, porque una vez elaborada la correspondiente propuesta de medida, el menor es derivado al recurso más adecuado.

Respecto a los menores que forman parte del sistema de protección de la Generalitat Valenciana, la consellera de Bienestar Social ha indicado que en estos momentos, cerca de 5.000 menores con dificultades están bajo la protección institucional, de los cuales alrededor de 3.100 están en programas de acogimiento familiar y en torno a 2.000 en centros de atención residencial, según fuentes del Consell.

Al respecto, De Miguel señaló que el sistema de protección de menores en la Comunidad Valenciana, cuenta en la actualidad con una variable que ha incrementado su número, que es la inmigración. En estos momentos, la Conselleria de Bienestar Social tutela diariamente a dos menores en situación de desamparo.

Menores inmigrantes desamparados en España

Por supuesto, España no es una excepción a la cruda realidad que padecen los niños y niñas de la calle. Desde que en 1997 se detectaron en Barcelona los primeros casos de niños inmigrantes en situación de desamparo, el número de menores que viven y duerme en las calles españolas no ha parado de crecer. Se trata mayoritariamente de menores varones, de procedencia magrebí que llegan a nuestro país sin un referente familiar adulto, con un proyecto laboral concreto y dispuestos a ganar dinero rápido para poder ayudar a sus familias. Sería un error considerar que se trata de niños de la calle en sus países de origen ya que ha sido la situación de marginación en los países de acogida la que ha provocado su exclusión. En este caso los menores tienen a su favor una ley que va por delante de las necesidades y que es inequívoca al respecto: “Una persona menor de edad” que se encuentre en territorio español, sin referentes familiares adultos, deberá ser declarada en desamparo y amparada, tutelada y documentada por los servicios de atención a la infancia de la comunidad autónoma correspondiente.

Entendiendo que el desamparo es una situación de hecho, que la tutela debe hacerse de forma inmediata y de manera efectiva y que ha de usarse toda la diligencia necesaria para conseguir la documentación y regularización del menor. No se trata, por lo tanto, de reivindicar unas leyes más justas sino de crear el marco necesario para que se cumplan las vigentes.

En su informe para el año 2002, Human Rights Watch ha denunciado que, en algunos casos, los niños marroquíes inmigrados a España han sido golpeados por la policía y maltratados por el personal y otros niños de centros de acogida hacinados e insalubres. España también expulsa sumariamente a niños de hasta once años de edad a Marruecos, donde la policía marroquí los golpea, maltrata y abandona en las calles. En muchos de los casos investigados, los organismos encargados de proteger a los niños, la policía y las Consejerías de Bienestar Social, eran el origen de los abusos.

Video Inmigración

La Agencia Española de Cooperación Internacional ha puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal una denuncia contra una la ONG Global Infantil por un presunto caso de malos tratos a menores en un centro de acogida en Etiopía, según informaron en fuentes de este organismo.

Un grupo de niños etíopes.

Por su parte, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella presentada por dos cooperantes contra el presidente de esta ONG, Gil Lossada, en relación con este mismo caso.

Este tribunal se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores con intención de que se abra una línea de cooperación con las autoridades etíopes para esclarecimiento de los hechos, y determinar si en este país se ha abierto una investigación sobre el asunto.

Las mismas fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que el juez de la Audiencia, Fernando Grande-Marlasca, remitirá a Etiopía cualquier información relativa a ciudadanos españoles que pudieran aportar ‘luz’ a los hechos denunciados, de cara a una investigación en el país africano.

De hecho, fuentes de la AECI, indicaron que el asunto ha sido puesto en manos del ministerio fiscal y se ha informado a las autoridades etíopes, a través de la embajada española en Addis Abeba. La denuncia se remonta al pasado mes de septiembre.

Además, Exteriores ha pedido a Gil Lossada que abandone de manera temporal su puesto al frente del centro de menores, hasta que se aclaren los hechos. Desde el departamento de Miguel Ángel Moratinos se afronta este caso ‘con precaución y atención’ además la AECI vela por que se garantice la debida atención al centenar de niños que se encuentran ingresados en el centro.

Los presuntos maltratados

Según los denunciantes, los supuestos maltratos se descubrieron en julio, cuando los cooperantes de la ONG Tomàs J. y Petra G. viajaron al centro de acogida que la entidad, con sede central en Barcelona, gestiona a las afueras de Addis Abeba, en Etiopía. Allí presuntamente vieron al presidente de la ONG, el pintor Gil Losada, maltratar física y psicológicamente a los niños y ejercer como médico sin formación.

El centro, situado en Kebele, a 30 kilómetros de la capital, Addis Abebase, se dedica desde hace casi siete años a recuperar niños de la calle, desde bebés a adolescentes. Estos últimos intervienen en la gestión diaria del centro, junto a la quincena de trabajadores locales y a uno o dos cooperantes.

Según los querellantes, los castigos que impone Losada son ‘muy severos y fuera de lo normal’. Entre estos destacan brutales tirones de orejas, tener a los niños de rodillas durante horas, azotes en la espalda y en el culo con varas de madera y hacerles correr descalzos u obligarles a cargar bloques de piedra en la espalda.

También acusan a Losada de suministrar medicamentos o tratamientos a niños enfermos, pese a que una doctora trabaja en el centro y él no tiene título ni formación. Además, aseguran que el intrusismo médico del doctor pudo provocar la muerte de un niño con Sida el 27 de julio después de que el pintor no permitiese que se le administrasen los tratamientos prescritos por una pediatra de Madrid y la que colabora en el centro.

Según informó hoy la ONG, los niños del centro de acogida aseguran que se han producido otras cuatro muertes y que Losada coacciona a niñas menores para mantener relaciones sexuales con ellas, lo que ha motivado que muchas hayan decidido marcharse.

En países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, es muy común encontrar niños por las calles, haciendo de todo, pero de todo, para conseguir alguna propina. Son niños explotados y obligados a trabajar en lo que sea para sustentar una casa, y condenados a no tener ni vivir una etapa tan importante para su desarrollo que es la infancia. Como sabemos, muchas ONG y asociaciones, e incluso el Gobierno español juegan un papel muy importante para prevenir y erradicar el trabajo infantil en estos países. El tema es tan preocupante que hasta fundaciones de grandes empresas como es el caso de Telefónica, se remangan para devolver a estos niños a la escuela.

El Programa Pro-niño que, a través de la campaña “Juntos podemos” ya ha conseguido llevar a más de 65 mil niños a la escuela en 13 países, tiene como meta llegar a 100 mil niños hasta finales de este año.

Trabajan para garantizar una atención personalizada al menor desde el punto de vista educativo, sanitario y familiar, haciendo con que muchos niños dejen de ser vendedores, basureros, cargadores, pastores, mineros, etc., y puedan optar por el papel que les corresponde. El programa también incluye a las familias y a los profesores, ofreciendo talleres de sensibilización y de apoyo, y cuenta con el apoyo de 99 ONG de reconocido prestigio internacional con las que trabaja directamente. Aparte de eso, gestiona 168 alianzas con sectores públicos, privados y del Tercer Mundo.
En América Latina mantener con vida a un niño cuesta 140 euros al año, 12 euros al mes y 40 céntimos al día. Como dice la campaña, juntos podemos hacer con que cinco millones de niños y niñas en esta zona del mundo dejen de trabajar y vayan a la escuela. Que muchos dejen de vender su propio cuerpo y su inocencia, a cambio de dinero. Que dejen de pedir en las salidas de los restaurantes, en las ventanillas de los coches, en las tiendas, etc. Que tengan la oportunidad de recuperarse, aprendiendo y creciendo como niños.